EQUO solicita una mayor concienciación de los jueces encargados de juzgar casos relacionados con el maltrato animal y de la sociedad
Este caso de maltrato fue denunciado hace diez años, en junio de 2007
A 556 animales, entre perros y gatos, se les dio muerte de una forma cruel en la perrera de Puerto Real, Cádiz, incluidos 3 perros de una pareja italiana tras ser depositados para su cuidado en el servicio de residencia canina que ofertaba también el centro. La muerte les fue provocada mediante la utilización irregular del fármaco denominado Mioflex, de Braun. Dicho paralizante muscular ocasiona una muerte lenta y agónica por asfixia, que en la mayoría de las ocasiones puede durar varios minutos encontrándose los animales plenamente conscientes. Para los peritos actuantes en el juicio dicho producto no es un fármaco indicado para provocar la muerte de un animal.
Según hemos podido saber, el juez entiende que no existe delito, pues considera que no actuaron con ensañamiento, es decir, sin causar dolor intencionado a los animales.
Desde la Red EQUO Derechos de los animales acatamos la sentencia aunque consideramos que sí que hubo ensañamiento, al entender que las personas implicadas eran testigos directos de la forma agónica de morir de los animales, uno tras otro, tras aplicar el producto. Estos animales tuvieron un padecimiento no-ordinario e innecesario. Y aunque este no fue debido a un disfrute personal, si fue utilizado este método cruel y no otro procedimiento protocolizado indoloro (al que debieran haber recurrido) que no utilizaron por ahorrar costes y tiempo, siendo así plenamente conscientes los profesionales de la veterinaria del sufrimiento atroz que estaban ocasionado a los animales y del incumplimiento, a su vez, del propio Código Deontológico Veterinario.
Además desde EQUO queremos que no se pierda en la memoria la denuncia que la organización ECOLOGISTAS EN ACCIÓN presentó en octubre del 2002 contra esta misma perrera denominada ‘Verde -6’ y ‘El Refugio’ de Puerto Real, por la existencia en su finca de un vertedero clandestino de animales. Dicha empresa procedía al enterramiento masivo de todos los animales sacrificados durante cuatro meses en sus propias instalaciones de la carretera Medina-Puerto Real, hallándose más de 1200
perros y un número no determinado de caballos y otros animales de menor tamaño.
Por todo ello, EQUO solicita una mayor concienciación tanto social como de los jueces encargados de juzgar casos relacionados con el maltrato animal. Asimismo, también solicita mayores controles por parte de la Administración para verificar que el dinero público se emplea realmente en recoger y proteger a los animales abandonados y no en contratar a empresas exterminadoras de animales, siendo ‘El Refugio’ de Puerto Real un claro ejemplo de esto último.
Diez años para que la Justicia dicte sentencia en el juicio por el caso de la perrera